Los cuadernos de las coimas

Ricardo Jaime en indagatoria: "No compramos trenes chatarra y no me enriquecí"

El ex funcionario kirchnerista monologó ayer en el juicio oral y público en que se lo acusa de varios casos de corrupción
martes, 7 de mayo de 2019 · 18:17

Ricardo Jaime confesó en 2015 haber cobrado coimas de empresarios a los que debía controlar desde el cargo de secretario de Transporte que ejerció durante los primeros seis años del kirchnerismo.

Está detenido desde abril de 2016 y desde la semana pasada se sienta en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Federal 6 donde se debaten varios casos. Uno de ellos es el de su enriquecimiento ilícito y el de sus testaferros. Otro es por la compra de trenes chatarra que hizo el Estado en España y Portugal.

Jaime llegó ayer por la mañana a los Tribunales de Comodoro Py 2002 en una camioneta Mercedes Benz  color negra del Servicio Penitenciario Federal. En los costados de la camioneta se podía leer "Vehículo recuperado de la corrupción". Vestía traje marrón, casco, chaleco antibalas y llevaba un bolso negro con papeles.

Pasadas las 10 de la mañana comenzó una nueva audiencia del juicio que se inició la semana pasada. Allí lo acompañan como imputados Julieta, una de sus hijas, y Daniel, uno de sus hermanos. Están acusados de testaferros al igual que otras personas que participaron del esquema de negocios oscuros montado por Jaime en la secretaría de Transporte entre 2003 y 2009.

El ex funcionario decidió declarar en indagatoria en el juicio aunque no aceptó contestar preguntas. Al comienzo de su alocución -que duró algo más de una hora- Jaime señaló: "No compramos chatarra y no me enriquecí".

Luego intentó cimentar esas dos afirmaciones. Respecto de la millonaria compra de trenes en desuso realizada en España y Portugal, dijo que se hizo de acuerdo a las directivas del entonces presidente Néstor Kirchner, quien le ordenó adquirir material de rezago para luego repararlo aquí y reactivar la producción de los talleres ferroviarios. "Molesta que hablen de trenes chatarra -dijo el condenado por la Tragedia de Once- porque ofenden a los profesionales que trabajan en el Estado vinculados con los ferrocarriles e inspeccionaron y aprobaron la compra del material".

Jaime dijo que hay material rodante adquirido en aquella operación que funciona muy bien como el "tren de la sierras en Córdoba y el que va a Rosario". La Auditoría General de la Nación -que depende del Congreso- determinó que en aquella compra se pagaron sobreprecios de hasta un 171%, buena parte de los trenes no funciona y está arrumbado y que no se controló lo adquirido.

Jaime dijo en su indagatoria que luego de 2008 y a partir de una ley, la secretaría de Transporte "no tenía incumbencia en la estructura ferroviaria" y que la responsabilidad era de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). Y se ocupó de resaltar que en la causa judicial por la compra de trenes a España y Portugal no fueron citados a declarar los integrantes de la ADIF.

Utilizó las palabras de su sucesor en el cargo de secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi, para defenderse. "Schiavi declaró que no le dieron presupuesto para las reparaciones y le dictaron una falta de mérito en la causa, en cambio yo estoy en juicio oral y público".

Sugirió que en el juicio también deberían estar como acusados los integrantes de las sociedades estatales españolas y portuguesas que vendieron el material ferroviario en desuso: "Voy a descartar que el Estado argentino fue estafado. Porque si aceptara que compramos chatarra tengo que colegir que fuimos estados y que los profesionales que inspeccionaron y recibieron los trenes fuimos estafados. Y serían dos gobiernos los estafadores: España y Portugal. Para para desmentir esto deberían declarar como testigos los funcionarios de las empresas estatales de España y Portugal", propuso Jaime.

El ex funcionario cerró su soliloquio sobre los trenes adquiridos en Europa cuando dijo: "No compramos trenes chatarra. La política que pensó Néstor Kirchner para los ferrocarriles se cumplió durante mi gestión. Desconozco por qué no los repararon. Se llevaron a los talleres. Y los que se arreglaron comenzaron a funcionar, inclusive aún funcionan algunos".

Jaime consideró injusta su detención desde 2016 en la causa de los trenes chatarra y explicó que su condena a prisión efectiva por la Tragedia de Once aún no está firme porque hay una apelación pendiente en la Corte Suprema de Justicia.

Además, criticó al juez Claudio Bonadio que fue quien instruyó la causa por una defraudación en el ferrocarril Belgrano Cargas, otro de los casos que está en juicio. Dijo que hay una persecución en su contra desde 2013, cuando Bonadio ordenó su detención. En julio de aquel año Jaime estuvo prófugo durante una semana y las fuerzas de seguridad de entonces no lo pudieron encontrar. La Cámara Federal revocó la orden de detención de Bonadio y Jaime se presentó en Comodoro Py.

También criticó al juez Julián Ercolini, quien investigó el caso de la millonaria compra de trenes en España y Portugal, y a los que investigaron el caso de la utilización por su parte de dos autos que debían estar en otras en otras dependencias del Estado, otro de los juicios que se realizan en conjunto con el de enriquecimiento ilícito.

Jaime, por otro lado, es el mismo que en 2015 admitió haber sido coimeado por los empresarios Néstor Otero y Claudio Cirigliano, y que negó haberse enriquecido ilícitamente.

Los investigadores sostienen que varios empresarios más contribuyeron con coimas a que Jaime y sus testaferros consiguieran comprar bienes que no pudieron justificar con sus ingresos en blanco. En el Caso Cuadernos los empresarios Aldo Roggio y Gabriel Romero admitieron haberle pagado coimas de manera sostenida a Jaime quien negó esas acusaciones.

Cargó las tintas también contra el juez y el fiscal de aquel caso: Sebastián Casanello y Carlos Rívolo.  Casanello procesó a Jaime por enriquecimiento ilícito en abril de 2014 y ayer, seis años después, Jaime dijo que iba a esperar a "leer toda la información del peritaje contable" para dar explicaciones más concretas.  Aunque señaló que Casanello no había leído el peritaje a partir del que fue procesado, porque si lo hubiera hecho "el único acusado debería ser yo por mi responsabilidad política y nadie más".

Intentó con esa frase salvar a sus testaferros, entre ellos amigos, familiares y desconocidos.

El ex secretario de Transporte no pronuncia la palabra testaferros. Prefiere llamar a sus familiares como se los denomina en el Código Penal: "Personas interpuestas" para el enriquecimiento.

"Parece que la vida de la gente que está inculpada comenzó cuando me conocieron a mí. Nunca tuvieron nada antes de mí y por eso son consideradas personas interpuestas", planteó Jaime para intentar desincriminar a sus testaferros.

La investigación judicial determinó que tanto Jaime como sus familiares tenían un nivel de vida que cambió notablemente cuando el cordobés llegó a la secretaría de Transporte y que no pudieron justificar de dónde salió el dinero para adquirir los bienes.

Recordó, además, que había firmado un preacuerdo con la fiscal del juicio Gabriela Baigún, por el que se hacía responsable de sus culpas en cuatro de los juicios, incluyendo el de enriquecimiento ilícito. Aceptaba una pena de cuatro años de prisión, el pago (¿con dinero de al corrupción?) de una multa millonaria en su nombre y en el de sus testaferros más cercanos a cambio de no ir a juicio. Entre las condiciones que puso estaba la de recomprar  la casa en la que vive su hija Julieta en Carlos Paz antes de que fuera decomisada. Esa casa -según los investigadores- fue comprada con dinero proveniente de la corrupción.

El Tribunal Oral Federal rechazó el acuerdo que hizo la fiscal, algo previsto por la normativa, y por ello a fines de abril comenzó el juicio.

Con el acuerdo de culpabilidad quería evitar el juicio al que calificó como "una situación insostenible desde el punto de vista emocional para su hija". Jaime dijo: "No quería someter a juicio a toda mi familia, no entiendo por qué no se cumplió con la palabra empeñada".

En este sentido, se quejó porque cuando su hija Julieta fue procesada por Casanello como testaferro, la suspendieron en su trabajo. Estaba en la sede Córdoba de Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Reforzó -con datos erróneos- el concepto de persecución hacia su familia. "Hay una doble vara: Macri asumió la presidencia procesado en cuatro o cinco causas y a mi hija la echan por un procesamiento".

Condenado por la Tragedia de Once, por coimero y por robar pruebas en un allanamiento, el ex secretario de Transporte y uno de los símbolos de la corrupción kirchnerista, no dijo una palabra sobre -por ejemplo- el yate de un millón de dólares, uno de los bienes que tuvo en su poder gracias a las alegrías que le brindaban los empresarios. De ese lujoso  yate se hablará más adelante en el juicio por enriquecimiento ilícito.

 

Fuente: infobae.com

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